Descargar y compartir contenidos en línea con copyright es ilegal ya que viola la Ley de los Derechos de Autor y de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, después de un juicio y una condena que han acabado de momento en sentencia recurrida, Pirate Bay sigue funcionando y mejor que nunca; el caso ha dado gran popularidad al portal habiéndose convertido en la actualidad en el mayor site de intercambio de archivos P2P. Los usuarios han aumentado hasta 25 millones y el partido político sueco de nombre Partido Pirata, se ha puesto en tercera posición habiendo sobrepasado con sus 44.000 afiliados a los liberales del Centerpartiet. Este caso no hace sino demostrar lo difícil que está resultando regular las descargas y lo que los usuarios compartimos en línea. Parece qué el tema es mucho más complejo de lo que parece y tiene implicaciones mayores al simple hecho de descargarse un disco o una película.
De esto va el "Telecom Package", un paquete de directivas que trata de regular el uso de Internet y de las Telecomunicaciones a nivel Europeo y cuyo texto ha sido rechazado recientemente por la Eurocámara para ser de nuevo discutido en septiembre. Si hacemos memoria, ya hablábamos de este tema hace algunos meses en iON debido a la polémica levantada desde que la Unión Europea hizo públicas sus intenciones de control y limitación de las descargas por Internet. En esta propuesta de ley se discute si se debe permitir a ciertas autoridades restringir los derechos y libertades de los internautas cuando descarguen contenidos con copyright o por el contrario fortalecer el poder del juez para delimitar lo que es legal y lo que no y quién puede y debe de ser privado de ciertos derechos. De momento se ha considerado la conexión a Internet como un Derecho fundamental y al juez como única autoridad para privar a un usuario de este derecho. Si la ley hubiera sido aprobada, estas autoridades compuestas por operadoras, tendrían la capacidad de desconectar a un usuario y llevarle ante los tribunales para que recuperara la conexión. Esta ley cabalga junto a ley Hadopi, ley que el senado francés acaba de ratificar apoyando la propuesta del Gobierno. A partir de ahora las operadoras en Francia podrán bloquear el acceso a la red de los internautas tras dos avisos: un email y una carta certificada. Si el usuario que ha realizado descargas en Internet desoye las sucesivas advertencias, podría quedarse sin acceso a la red durante periodos que oscilan entre tres meses y un año. De momento la única opción para que este sistema no entre en vigor es un recurso anticonstitucional y las primeras sentencias podrán llevarse a cabo a partir del 2010.
El resto de europeos seguiremos como hasta ahora, al menos hasta septiembre. Según diversas fuentes, las medidas que se quieren poner en vigor atentan contra la neutralidad de la web, que puede transformarse en algo muy distinto de lo que conocemos hoy en día. ¿Conseguiremos llegar a un acuerdo que satisfaga todas las partes? ¿Dejará la red de ser un medio por el que naveguemos libremente? ¡Seguiremos informando!